MATÍAS ALONSO* A finales de marzo se cumplen 70 años del final de una guerra que nos cambió el destino a los españoles, sobre todo a quienes, huyendo de las atrocidades que se cometían en las zonas ocupadas, no tuvieron más remedio que echarse al monte para salvar la vida formando así las guerrillas españolas, episodio especialmente triste y duro en la historia de la lucha antifascista europea.
El comienzo de la IIª Guerra Mundial hizo albergar la esperanza de que también a los guerrilleros españoles llegaría la ayuda aliada como a sus hermanos yugoslavos, italianos o franceses; los españoles colaboraban evadiendo pilotos y espías aliados a través de los Pirineos, luchaban contra los nazis en Francia, pero a ellos nunca les llegó ayuda alguna.
Acabó la guerra y la situación era evidente; miles de luchadores quedaron aislados en los montes constituyendo la última guerrilla europea, luchando por los mismos principios de los vencedores del nazismo contra el último dictador, amigo de Hitler y Mussolini. Pero las Democracias les habían dado la espalda; las leyes internacionales de los Derechos Humanos, contra los genocidios, etc. nunca se aplicaron en España; ningún Garzón europeo ni americano se interesó por lo que aquí sucedía con los maquis y Franco pudo acabar la tarea en la más completa impunidad. Primero sentenciaron a la República con la comedia de la No Intervención; después, abandonaron a su suerte a los últimos luchadores por la Libertad en Europa, que acabaron muriendo en la más completa soledad y desesperación.
Miles de viudas, de hijos y hermanos de aquellas víctimas nunca tuvieron una ONG que viniera a auxiliarles; sin embargo, ahora que con nuestros medios, con nuestras leyes, estamos empezando a recuperar los restos para los pocos familiares directos que quedan, desde Bruselas pretenden paralizar las exhumaciones en nombre de la legislación internacional, reservando la investigación a alguien que ha de venir de fuera y para lo cual todo ha de quedar como está, aunque se acaben muriendo quienes piden las exhumaciones. Ojala lo hubieran pensado antes, cuando los muertos estaban vivos.
Ahora que los pocos hijos que quedan vislumbran la posibilidad de reunir a su padre con su madre, muerta en la desesperanza y en la locura, es cuando traen al equipo Nizkor con idea de pararlo todo. Muchos de esos hijos siguieron la lucha que iniciaron sus padres; no son acaudalados señoritos que buscan un capricho, sino antifranquistas que buscan la reparación de una enorme injusticia para con ellos y para con el Pueblo español.
Por contra, se pretende que en Benagéber todo quede como un mausoleo donde los cuerpos no son más que decorado o mercancía en espera de que a alguien se le ocurra (tiempo han tenido) venir a España para investigar lo que ya está investigado. Sabemos quién está allí y sabemos qué quieren sus hijos; no es decente utilizar sobrinas ni primos para enfrentar a unos contra otros cuando todos ellos tienen garantizados sus derechos. Lo más grave no es la presión y amenazas al alcalde socialista de Benagéber, nieto de fusilado, sino el desprecio al resto de familiares, esta vez por quienes dicen ser muy, muy de izquierdas.
No hay organización alguna que sea dueña ni de la Memoria ni de los lugares; lo son sus protagonistas, los asesinados y sus familiares a los que hay que respetar tanto si quieren recuperar los restos como si no. La Ley española está bien pensada en este punto; nadie tiene derecho a impedir que otros recuperen unos restos largamente buscados aduciendo que los suyos han de quedar donde estaban, con los restos de los demás sirviendo de obligados comparsas olvidando que seguramente el último pensamiento en el trance de la muerte suele ser para los hijos o esposas, los mismos que los reclaman y buscan desde entonces, como José Martínez, hijo del herido que ahora Nizkor quiere que se quede en Benagéber con el Practicante, al que una sobrina no quiere mover. No es cierto eso del acuerdo unánime para exhumar una fosa; si fuera así, según la visión de quienes traen a Nizkor peligran varias de las exhumaciones en curso o ya realizadas por toda España, y sus promotores corren peligro de procesamiento. Se nos está cuestionando a todos.
Aplicar la iniciativa Nizkor a un colectivo como los hijos de los guerrilleros es más opresión; no libera a nadie. No se trata de una fosa común con desaparecidos en medio del campo; en Benagéber son cuatro tumbas bien delimitadas de las que es perfectamente legal sacar y trasladar unos restos identificados e investigados con rigor, con un método preciso seguido por Paleolab, equipo de forenses y arqueólogos valencianos solventes que saben lo que es una cadena de pruebas. Nadie tiene la patente ni la exclusiva en este terreno. Amigos de Nizkor: los guerrilleros españoles son también víctimas de todos aquellos que miraban para otro lado mientras los asesinaban. A lo mejor os encontráis con que a Europa, a EE UU, a Argentina, a algunas izquierdas... no les gusta remover el tema; todos están pringados hasta el cuello con este asunto. Una legislación aplicada a destiempo se convierte en injusta, como es el caso; dejad que seamos nosotros quienes administremos cuándo desenterrar a nuestros muertos, máxime cuando nadie os lo impidió mientras hicisteis lo mismo en vuestros países ejerciendo un derecho que ahora quieren ejercer españoles hijos y nietos de víctimas del franquismo.
* Coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica. Fundació Societat i Progrés. [Firman además este escrito: Adolfo Pastor, coordinador del Grupo de Desaparecidos (La Gavilla Verde); Pedro Pinado, presidente de La Gavilla Verde y Miguel Garrido, presidente de la Agrupación de Familiares de Víctimas en la fosa común de Benagéber]
[Fuente: Matías Alonso, Levante-EMV (Opinión), Esp, 25mar09]
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